1869: La primera monarquía democrática de la historia de España
Cuarenta años después de la desarticulación del intento de Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 la monarquía es una de las instituciones políticas más cuestionadas actualmente dentro del orden político nacional. El CIS no hace preguntas a los españoles sobre su valoración de la institución monárquica desde el 2015, y el rey que otrora ligó su imagen a la superación de un golpe militar es hoy mayormente relacionado con tramas de evasión fiscal, amistades de dudosa reputación, romances escandalosos y desafortunadas cazas de elefantes. Su sucesor se ha encontrado con un panorama complejo en que su neutralidad se ha visto puesta en duda por unos y se han hecho llamamientos a su intervención activa por otros. Cabe preguntarse, ¿cuál es el papel de un rey en un sistema democrático? Si acudimos a la primera experiencia de monarquía democrática moderna en España, la consagrada en la Constitución de 1869, quizá podamos sacar algo en claro.
De hecho, la Constitución de 1869 fue la primera que se autoproclamó democrática en el país, señalando expresamente que era decretada y sancionada por unas Cortes elegidas por sufragio universal (que, entonces, era sólo masculino).
Esta Carta fue el resultado de un período constituyente surgido tras la revolución de septiembre de 1868, conocida como “La Gloriosa” en referencia a la habida en Inglaterra en 1688. Al igual que aquella del siglo XVII, La Gloriosa debía iniciar un sistema que redefiniese la monarquía con una nueva dinastía. Isabel II (1843-1868) —que como monarca había garantizado la exclusión del gobierno de progresistas, demócratas y republicanos— huyó a Francia, y con su desaparición se iniciaba una nueva interpretación de la Corona.
Las Cortes constituyentes demostraron una sensibilidad de liberalismo democrático. Aunque había diputados de filiación conservadora, e incluso carlista, la mayoría estuvo compuesta por progresistas, demócratas y republicanos, estos últimos contaron con una notable representación de 85 diputados. El 11 de febrero de 1869 comenzaron su labor; el resultado sería la nueva monarquía de Amadeo I de Saboya (1871-1873), hijo del unificador de Italia, Víctor Manuel II. Justo cuatro años después de abiertas las constituyentes, Amadeo abdicó. La primera monarquía democrática fue un fracaso.
Es interesante apreciar, en todo caso, las nuevas responsabilidades políticas que se atribuían al monarca, las cuales rompían con las reconocidas en las experiencias constitucionales previas. Al respecto, dos fueron las grandes influencias que tuvieron los diputados. Por una parte, el sistema británico surgido de la Reform Act de 1832, que había permitido una progresiva democratización de Inglaterra y un fortalecimiento de su sistema parlamentario. Y por otra, la Constitución belga de 1831, la cual había garantizado el éxito de una nueva dinastía en consonancia con un régimen de liberalismo avanzado.
De este modo, en el artículo 33 de la Constitución española de 1869 se consagró lo siguiente: “la forma de gobierno de la Nación española es la Monarquía”. La monarquía, sin embargo, era una autoridad constituida más, la cual emanaba, como el resto, del Estado, que era el poder original, tal y como declaró de forma expresa Antonio de los Ríos Rosas, miembro de la Comisión constituyente. En la misma línea, el diputado demócrata Gabriel Rodríguez sostenía que el rey era un magistrado más, su cargo y las limitaciones de sus facultades eran libremente marcadas por la nación. Evidentemente, esta tesis no era compartida por el bando republicano, que consideraba que era el momento de formar la República.
El problema de los republicanos en ese momento fue la ausencia de referencias útiles. Los monárquicos demócratas, como hemos visto, podían defender que su fórmula se había desarrollado con éxito indudable en Bélgica y en Gran Bretaña. El referente de los republicanos eran los Estados Unidos de América, y esto presentaba problemas. Así, los diputados monárquicos argumentaban que en Gran Bretaña el rey era una figura completamente pasiva y sin voluntad expresa, mero garante de la tradición y la legalidad. En cambio, en Estados Unidos su sistema republicano hacía que el gobierno fuese inevitablemente personalista. Superada la Guerra de Secesión (1861-1865), la figura presidencial ganaba en fuerza y chocaba de forma creciente con el Congreso, sede del poder legislativo. Quizá un rey podía ser menos molesto que un presidente. Podía ser además garantía de continuidad en una época tan inestable. Más allá de Estados Unidos, el resto de las experiencias republicanas, sobre todo las francesas, habían sido demasiado breves y convulsas.
Las facultades del monarca se limitaron considerablemente dentro del articulado constitucional. Careció completamente de poder de veto de lo decretado por las Cortes, una novedad con respecto a las Constituciones previas. Podía llegar a disolverlas si lo consideraba oportuno, pero sólo una vez por cada legislatura, las cuales entonces debían durar tres años. Debía ser además la cabeza de un nuevo sistema parlamentario, pues a partir del artículo 88, que sólo permitía asistir a las Cortes a los diputados y senadores, animaba al rey a elegir a sus ministros entre los miembros democráticamente electos de las Cámaras legisladoras.
Se creyó entonces, por tanto, que la monarquía podía ser la mejor garante de la democracia. Así constituida, se debían de evitar personalismos y ciertos excesos que pudiesen poner en peligro al sistema democrático. La Corona disponía de nuevos márgenes y se ponía sobre una nueva frente, pues los problemas previos habían venido no tanto de la institución en sí como de la dinastía responsable, la de Borbón. El rey electo por las Cortes fue Amadeo de Saboya.
Del hombre y su imposible reinado recomiendo sobre todo la excelente tesis doctoral de Carmen García Bolaños, El reinado de Amadeo de Saboya y la monarquía constitucional, editada por la UNED. Fue convertido en “guardián de la Constitución” por unos, lo que le obligó a abandonar esa actitud pasiva que debía de ser la fuerza misma del sistema y la monarquía. Sin embargo, en un contexto de polarizaciones crecientes, no mostró preferencias por ninguna facción política y se mantuvo neutral. Varela Suanzes señala en su artículo “La monarquía en las Cortes y en la Constitución de 1869” (Historia Constitucional, nº7) que el sistema fracasó por el falseamiento electoral, no por Amadeo. Personalmente encuentro que el Saboya se encontró con el mismo problema que el monarca actual, se ponía al frente de una institución completamente manchada por quien le había precedido y la situación era insalvable. Un rey debe ser íntegro, un rey deshonesto puede llevar a su país al abismo incluso cuando ya ha sido apartado de la jefatura del Estado.
